«El Consejo de Europa, que no forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea, no es un órgano comunitario, recientemente -en noviembre-, ha emitido una recomendación, concretamente para que se revise la normativa por parte del Estado español para que las indemnizaciones tengan en cuenta el daño real sufrido por los trabajadores despedidos de forma ilícita, así como las circunstancias individuales de sus casos que resulten disuasorias para el empleador. El Gobierno socialista, junto con SUMAR, defendió ante la Comisión Europea que el sistema español de protección del trabajador que ha sido despedido de forma ilícita provee una indemnización adecuada y articula un mecanismo de reparación adecuado. Deducimos, por tanto, que el Gobierno está conforme con la regulación actual del Estatuto de los Trabajadores. Prueba de ello es que, en febrero del 2023, votó en contra de una moción de Esquerra Republicana que pretendía subir la indemnización; y sobre todo, el Gobierno socialista junto con SUMAR no reformó el Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral del 2022. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!-Aplausos). Nos preguntamos: ¿el Partido Socialista va a cambiar otra vez de opinión al respecto?»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.