«Muchas gracias, presidenta, señorías. Quiero agradecer la presencia aquí de las organizaciones agrarias que han venido. Esta es una ley importante. Vamos un poquito tarde, pero está bien que se vaya a aprobar hoy este proyecto de ley de pérdidas y desperdicios alimentarios. Cerca del 30 % de la superficie agrícola está destinada a productos que no se consumirán; eso supone, a su vez, un malgasto del 24 % del agua empleada en la producción. En total, entre los productos sin elaborar y los elaborados, cerca de 8 millones de toneladas de alimentos al año acaban en la basura. Por eso era muy muy urgente aprobar regulaciones y mecanismos que permitan transitar hacia una reducción drástica del desperdicio alimentario mediante un aumento de la prevención y también de la donación de esos excedentes. La ley que aprobaremos hoy es muchísimo más ambiciosa que el primer texto que se trajo aquí, gracias a los acuerdos y a las enmiendas de los distintos grupos. Hemos logrado establecer objetivos concretos de reducción del desperdicio alimentario para el año 2030, como es alcanzar una reducción del 50 % de residuos alimentarios per cápita en venta minorista y un 20 % en las cadenas de producción y de suministro. También hemos logrado que se incluya nuestra enmienda para que los establecimientos de más de 1300 metros cuadrados estén obligados por ley, sin excepciones, a disponer de acuerdos o convenios para donar sus excedentes alimentarios; además de incluir la práctica del espigueo, que nos parece muy importante que se despliegue en las comunidades autónomas. El espigueo permite a personas y a entidades sin ánimo de lucro recolectar los productos que no se han recogido en el campo, y es una actividad comunitaria de raíces históricas, que favorece tanto la práctica más ecológica como también el suministro de recursos básicos a quienes lo necesiten, especialmente a las comunidades rurales.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.