«Gràcies i enhorabona. Buenos días, diputadas y diputados. Saludos cordiales a las personas, entidades, asociaciones y organizaciones agrarias que nos acompañan aquí, en la tribuna de invitados. Por fin parece que, si nada se tuerce -pero nunca se sabe en esta casa-, dentro de un rato daremos luz verde a la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en este Estado. Es un texto legislativo que hay que decir que ya existe en mi país. En marzo de 2020, en el Pleno del Parlamento de Cataluña se aprobó -y se hizo por unanimidad- la primera ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Fue una ley pionera, una ley que prioriza la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en origen ante la redistribución de los excedentes a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Una vez más el Parlamento catalán se adelantaba, legislando sobre uno de los mayores problemas -si me permiten- éticos, y medioambientales también, del actual modelo de consumo: la ingente cantidad de alimentos que día tras día acaban en la basura. Y no es para menos, según el Informe de consumo alimentario en España del año 2022, hace justamente dos años, que elabora el propio ministerio, se dice que cada ciudadano del Estado español tiró una media de 25 kilos de alimentos a la basura -en un año, 25 kilos-, y esto es un total de 1200 millones de kilos de alimentos sin consumir que se han perdido. Y aunque en su momento hay que decir que el ministro Planas vendió como un triunfo esta cifra porque era más baja que la cifra anterior a la COVID-19, a nosotros no nos lo pareció. No nos pareció adecuado que nos alegráramos de esta cifra, básicamente porque esta cifra equivale -atención- a 200 000 elefantes africanos o a 747 aviones de comida y alimentos que se perdían y se pierden todavía, y esto, evidentemente, nunca puede ser una victoria de ninguna Administración pública, especialmente cuando esta ligera disminución del desperdicio alimentario responde también, como el propio Gobierno admite, al hecho de que los precios de los alimentos básicos sean más caros; en ningún caso responde a otra razón o a otro hecho. Creemos, en definitiva y en resumen, que es una inmoralidad.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.