«Es imposible una economía de crecimiento continuo y exponencial dependiente de un planeta con recursos limitados, pero sí es posible el bienestar social y el cuidado medioambiental si aspiramos a vivir mejor con menos, con menos residuos, con menos despilfarro y con menos consumismo capitalista. En ese sentido, los distintos eslabones de la cadena alimentaria tienen que reducir la presión sobre el medio ambiente y promover la conservación de los recursos naturales. Tenemos que priorizar la igualdad y la justicia social, midiendo la calidad de vida no en función del PIB, sino en función de la salud, de la educación y del tiempo libre, y promover un consumo consciente y sostenible. Por tanto, esta ley es útil frente a la crisis climática, pero también tiene que serlo ante la pobreza. Solo el año pasado cincuenta y cuatro bancos de alimentos atendieron a 1 188 000 personas. Esta ley beneficia a esas entidades, que son las grandes abanderadas en la recogida de productos de retirada del mercado. No en vano, muchas de las enmiendas las hemos trabajado con la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, con Cáritas, con organizaciones como To Good to Go o Enraíza Derechos, el colectivo #LeySinDesperdicio y organizaciones agrarias.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.