«El proyecto de ley, entre sus objetivos, viene a fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la reutilización de los productos y la donación para contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Señorías, malgastar los recursos naturales supone un lastre para la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Por tanto, es una obligación evitar el desperdicio, también para todos los operadores de la cadena alimentaria. Como señalaba anteriormente, es una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad. De esta forma, la ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, para que no se conviertan en desperdicio alimentario, siendo este un aspecto esencial. La prioridad máxima que establece la norma es el consumo humano, a través de la donación o la redistribución de los alimentos; también contempla la transformación de alimentos en zumos, mermeladas, etcétera; cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia será la alimentación animal, y si no es así, se usarán en la obtención de combustibles. La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos imperfectos, como decía su señoría, y preferencia de caducidad próxima. Un apoyo clave para ello son la innovación y las nuevas tecnologías, como aquellas que permiten aumentar la vida útil de los alimentos, sobre todo, con el envasado.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.