Enrique SantiagoSumar
Diputado
«Señor presidente, señorías, la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia reforma muchos aspectos importantes de nuestro sistema jurisdiccional: introduce los tribunales de instancia, reforma normas de enjuiciamiento, da más medios alternativos de solución de controversias en vía no jurisdiccional -y esto va a descongestionar la justicia e introducir una nueva cultura de solución de conflictos-, fortalece la justicia restaurativa e incluye un proceso de estabilización de jueces, magistrados y fiscales sustitutos, en situación de absoluta precariedad desde hace años; unos profesionales de la justicia maltratados, que han venido siendo víctimas del encadenamiento de contratos sucesivos en fraude de ley en situación de precariedad. Es un reconocimiento de derechos laborales que es calificado por VOX en su veto como -literal- un programa comunista de subversión de las instituciones. La legislación y la jurisprudencia europeas han ordenado corregir esta situación mediante la estabilización en estos puestos de trabajo de profesionales con acreditada competencia jurídica, como se ha constatado cada vez que durante años el Poder Judicial ha renovado su sustitución. Es una solución excepcional y limitada para resolver un problema puntual; no es una reforma estructural ni un cambio permanente en las formas de acceso a la carrera judicial y fiscal. Es una medida única para corregir abusos históricos y garantizar la sostenibilidad del sistema judicial. Se trata de un colectivo compuesto por un 77 % de mujeres y más de un 70 % de personas mayores de 50 años.»
Fragmento 1 de 5 de esta intervención.