«Cómo no vamos a mostrar desazón si este Gobierno nos habla de reformar la justicia cuando las decisiones de los tribunales y del Tribunal Supremo son pisoteadas arbitrariamente desoyendo sus resoluciones o sentencias, amnistiando delincuentes, manoseando la Fiscalía General del Estado o amenazando incluso con acabar con la acusación popular. En un sistema jurídico que se precie, las sentencias de los tribunales y del Tribunal Supremo deberían ser el punto final de cualquier controversia. (Aplausos). Su función no es solo garantizar la legalidad, sino también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos los servidores públicos. Sin embargo, cuando estas decisiones carecen de eficacia práctica y permiten que persista o, peor aún, que se perpetúen actuaciones arbitrarias dirigidas a un objeto único -como, por ejemplo, la escandalosa arbitrariedad e injusticia en el caso del coronel Pérez de los Cobos- algo está fallando. Algo de esto debería decirse aquí, y VOX procurará que se diga en el futuro. Es alarmante cómo el incumplimiento reiterado del contenido de las sentencias puede minar la confianza en las instituciones y perpetuar la ilegalidad en la actuación administrativa, como hace este Gobierno, y la impunidad de quien, de forma reiterada, se burla de la ley y de las decisiones de los tribunales. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Su vulneración afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la esencia misma de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando las sentencias judiciales se incumplen, como hace este Gobierno, mediante nuevos actos administrativos o decisiones arbitrarias igual de ilegales -así lo ha manifestado el Tribunal Supremo- se despoja a los ciudadanos de la protección que les garantiza el sistema y se abre puerta a la anarquía jurídica, quebrando el principio de seguridad jurídica. El Estado de derecho no puede ser una ficción. Cuando las decisiones del Tribunal Supremo se convierten en papel mojado, todos perdemos. Es hora de reclamar un sistema en el que la legalidad y la justicia no sean meras palabras, sino pilares fundamentales que guíen la actuación de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de servir al bien común. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.