«Hay que recordar en este punto que España sigue estando por debajo de la presión fiscal que tienen otros países de nuestro entorno de forma invariable, entre tres y cuatro puntos, y que, por tanto, tenemos que aspirar, si queremos unos buenos servicios públicos de calidad, a corregir esta brecha que tenemos con la zona euro y con los países europeos. De hecho, quiero recordar que el gravamen a las empresas energéticas recaudó 1164 millones en el año 2024, recursos que, evidentemente, se destinaron a fortalecer el estado del bienestar. Por eso, señorías, volvemos a traer este real decreto ley, tal como nos comprometimos con diferentes grupos políticos, incluso siendo conscientes de la posición que cada formación tiene y de la dificultad que esto supone para la convalidación efectiva de esta iniciativa. Nos comprometimos a sentarnos con los grupos -así lo hicimos- a ver si podíamos llevar a cabo un proyecto de ley nuevo, traerlo desde ese consenso y, por tanto, señorías, hacerlo posible en el marco del año 2025. De hecho, se hicieron varias convocatorias y tengo que decir que algunas formaciones políticas no estuvieron presentes en esa reunión y, por tanto, no pudimos avanzar en la línea de, efectivamente, poder traer hoy aquí un decreto ley consensuado con la mayoría de esta Cámara. Desde el Gobierno, desde el Partido Socialista, quiero decirles que hemos hecho lo humanamente posible para intentar conciliar esas diferentes posiciones, lograr el mayor consenso y que esta medida pudiera abrirse camino. En cualquier caso, el resultado de la votación será el que la mayoría decida y lo aceptaremos desde la normalidad democrática, pero me gustaría trasladar a los grupos que el debate sobre fiscalidad verde va a ser uno de los grandes caballos de batalla de las próximas décadas. Vemos cómo en todo el mundo se van abriendo paso cada vez más posiciones negacionistas de este cambio climático, posiciones que tienen como prioridad reducir, eliminar, dar marcha atrás a cualquier medida que implique descarbonizar la economía. Se están intentando anular o retrasar los compromisos climáticos de los Gobiernos. Lo vieron ustedes en las primeras decisiones que tomó el presidente Trump. Y lo mismo ocurre respecto al consenso internacional mientras los científicos siguen alertando de que el planeta se encuentra en una situación límite. Pero el Gobierno de España lo tiene muy claro y creo que la mayoría de los grupos progresistas presentes en esta Cámara también: la transición ecológica no es elegible, es imprescindible abordarla con urgencia. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es si queremos o no apostar por una fiscalidad verde más o menos ambiciosa. Tenemos que hacer de manera inteligente que sectores tan importantes como el energético contribuyan al bienestar colectivo, bien a través de una parte de los beneficios que consiguen, bien a través del empleo, de la riqueza que producen, o a través de un modo de crecimiento económico que sea sostenible y compatible con el futuro. Desde luego, el Gobierno, más allá del resultado de la votación, seguirá defendiendo una política fiscal con una orientación claramente progresista, redistributiva -tal y como señala nuestra Constitución-, pidiendo más esfuerzo a quien tenga mayor capacidad económica, ya sean grandes patrimonios, grandes empresas energéticas o entidades financieras.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.