«Esta reforma introduce incentivos, no impone el retraso de la jubilación ni tampoco alarga la edad de jubilación. Sí fomenta que más personas opten por prolongar su vida laboral de forma voluntaria, acercando, en este caso, la edad de jubilación real a la prevista. (La señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz Delgado, hace gestos afirmativos). Compartimos que algunos aspectos generan reservas -también nosotras las tenemos-, especialmente por este carácter voluntario. Faltan más medidas que garanticen que la decisión de compatibilizar la pensión con una actividad laboral sea siempre una elección libre y no una imposición derivada de la insuficiencia de la pensión. Por eso, este real decreto no se puede leer sin hacerlo de forma conjunta con la subida de las pensiones de un 2,8 %; de las mínimas de un 6 %, y de las no contributivas de un 9 %, porque seguimos teniendo a miles de pensionistas por debajo del umbral de la pobreza y debemos seguir mejorando especialmente estas pensiones más bajas. Nuestro grupo defiende que la sostenibilidad del sistema va de la mano de la dignidad de la cuantía de las pensiones. Por lo tanto, debemos priorizar políticas estructurales que fortalezcan la calidad del empleo, garanticen las bases contributivas suficientes y que reduzcan, por tanto, la desigualdad. La clave no está en trabajar más años, sino en asegurar cotizaciones más robustas, más ingresos y la participación del Estado en la garantía de pensiones suficientes, como así reconoce el propio artículo 50 de la Constitución. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.