«La imputación formal del fiscal general del Estado, de la fiscal jefe provincial de Madrid y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica por una nota con la que la Fiscalía General del Estado desmentía un bulo manipulador difundido por el gabinete de la señora Ayuso supone criminalizar el funcionamiento de una institución como el Ministerio Fiscal. Estamos ante una imputación judicial que ignora el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, norma que regula la dependencia jerárquica en la Fiscalía, como establece el artículo 124 de la Constitución. Según la sorprendente resolución judicial, la obligada dación de cuentas al fiscal general por los fiscales puede ser considerada a partir de ahora como un delito. Es una resolución que adolece de absoluta falta de indicios de criminalidad, lo que debería llevar de forma inmediata al archivo del procedimiento. Pero esta causa es una sorprendente caza de brujas que ha contado con la entusiasta participación de una conservadora y politizada Asociación de Fiscales, que ejerce una de las acusaciones. (Rumores.-El señor Pérez López: Bueno, bueno, bueno). Nunca la autonomía del Ministerio Fiscal se había puesto tan en peligro. Órganos muy importantes de la justicia se han convertido en actores políticos: o bien ponen en entredicho la aplicación de las normas que aprueba el Parlamento, o bien abren procedimientos judiciales al dictado del Partido Popular usando a sus organizaciones satélites como acusaciones. Es la derecha política la que ha abierto una investigación judicial al fiscal general del Estado con la pretendida excusa de una filtración procesal de no tan desconocido origen, sin importarles que su estrategia judicial deslegitime una institución esencial en el Estado de derecho. Se les ha ido la mano en sus ataques a la democracia y al Estado de derecho, ataques en coordinación con los sectores más reaccionarios de la justicia, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.