«Y aquí llegamos al punto del fiscal general del Estado, que es para el que se pide la comparecencia, que se encuentra en un evidente conflicto de intereses, que está bajo permanente sospecha, que está siendo investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo nada menos que por presuntos delitos de revelación de secretos y que, por tanto, es incompatible con su condición de fiscal general del Estado. Porque la Fiscalía General del Estado, con este Gobierno y, desgraciadamente, con Gobiernos anteriores, ha sido utilizada como una herramienta política, en beneficio de intereses políticos, partidistas, de los distintos Gobiernos de los distintos partidos. El Gobierno, en su permanente designación de fiscales, introduciendo a asociaciones minoritarias en la carrera fiscal dentro del Consejo Fiscal para intentar amortiguar las decisiones de este, dando permanentes directrices en la intervención de los fiscales en los diferentes procedimientos en los que se encuentran implicadas personas del Gobierno o cercanas al Gobierno. En el nombramiento de fiscales de sala, como lo fueron los intentos reiterados con la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Esto que el Tribunal Supremo en su auto ha declarado como dinámica delictiva, que no es otra cosa que un sistema político que necesita del delito para perpetuarse en el poder. Y para que ese delito no salga a la luz pública necesita, como he dicho al principio, todo un entramado de cortinas permanentes de humo mediante el control mediático, pero también necesita peones judiciales y peones fiscales, empezando por el citado fiscal general del Estado. Esa Fiscalía General del Estado, que debería ser -y no nos cansaremos de decirlo- la garante de la legalidad, se ha convertido en la garante de la impunidad de los delitos del Gobierno. La UCO, en sus últimas investigaciones, está investigando el volcado de los datos que pudiera haber en los teléfonos móviles del fiscal general del Estado, pidiéndole información a las empresas de Google y wasaps de toda la información que haya podido ser borrada. Esto de por sí resulta bochornoso, es de un nivel de delincuencia barriobajera. Y ahora nos encontramos con que todo eso tiene unas gravísimas consecuencias -?voy terminando, señora presidenta-: La pérdida de confianza en las instituciones, en la justicia, especialmente en el fiscal general del Estado; el desprecio al Poder Judicial y a la independencia de ese Poder Judicial; esa sensación que tiene la sociedad, aunque aquí algunos quieran poner tapones y cerrar los ojos, de privilegios políticos, esa doble vara de medir, ese criterio de que existe un embudo ancho para unos y estrecho para otros en la aplicación de la ley.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.