«Señorías, Muface nació como respuesta a las carencias del sistema de protección social que vivían los funcionarios civiles. Muface es un derecho adquirido y consolidado por los servidores públicos de España que permitió y permite mantener niveles de calidad de asistencia sanitaria a los funcionarios y que ha permitido, desde ese mix, levantar los cimientos del Estado del bienestar en el que vivimos hoy. La vigencia de Muface, hasta la llegada del sanchismo, reflejaba el esfuerzo de cada Gobierno de la democracia española por lograr su permanencia, equilibrar el principio de solidaridad, la sostenibilidad económica y la calidad en las prestaciones sociales. Por supuesto que no es fácil. El sostenimiento de muchas políticas públicas no es sencillo. El sistema Muface tiene puntos delicados que cada Gobierno ha sabido prever, analizar y anticiparse. Pero su Gobierno, como les decía, o no supo anticiparse o no quiso saber, ambas cosas muy sanchistas. Y ante la caducidad del concierto 2022-2024, el Consejo de Ministros aprobó, el 8 de octubre de 2024, la licitación de un concierto que ya llegaba tarde. El 5 de noviembre la licitación quedó desierta; convocaron la segunda licitación y, cuando vieron que iban camino del segundo fracaso, ampliaron el plazo hasta el 27 de enero, ya bien entrado el año 2025, cuando el nuevo concierto tenía que estar en vigor. Ahora que estamos a cinco días de conocer el posible descalabro, también la prensa anuncia que vamos camino de la tercera licitación. El ministro se empeña en decir que la aportación es milmillonaria, para tapar así su nefasta gestión. Lo que no cuenta es que la financiación per cápita a Muface es de 1031 euros, frente a los 1736 euros de media que cuesta el servicio público de salud por persona; y que la infrafinanciación del sistema de su Gobierno -sí, señorías socialistas, son ya siete años de su Gobierno, con lo cual es su gestión- ha mermado la calidad asistencial de los beneficiarios de Muface, ha colapsado a las aseguradoras, que han asumido pérdidas millonarias, y ha hecho fracasar sus licitaciones hasta precipitar al funcionario a la incertidumbre del futuro de su atención sanitaria. Muchos ya tienen sus citas médicas suspendidas, sus intervenciones quirúrgicas aplazadas y hasta cartas en sus casas que les advierten de la finalización de la prestación de sus servicios sanitarios, con la incertidumbre y el miedo que ello genera. Mucho me temo que, como he mencionado antes, todo esto forme parte de ese tacticismo perverso en el que llevan años involucrándonos. Estamos a cinco días de que termine el plazo de licitación y el Gobierno aún no tiene la garantía sanitaria para millón y medio de funcionarios, ni mucho menos para los ocho mil funcionarios que están en el extranjero, que son funcionarios dando servicio en embajadas, en consulados; se trata de nuestra Policía Nacional que vela por la seguridad en el extranjero; son docentes, orgullosos, marca España, que prestan servicio en el exterior y que hacen una labor imprescindible. La cobertura sanitaria para ellos requiere de pericia y de experiencia, y hoy están en el limbo porque ninguna empresa aseguradora va a ser capaz de asumirla y de cubrir este servicio. Estos funcionarios ya adelantan con su sueldo -que, por cierto, no es muy grande, quiero recordarlo- las facturas astronómicas imposibles de afrontar de su atención sanitaria. Esta anomalía es típica del Gobierno sanchista, pero no por frecuente deja de ser muy preocupante.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.