«Gracias, presidenta. Señorías, llega al Congreso desde Andalucía esta iniciativa de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para facilitar el acceso -como ya han podido explicar aquí las parlamentarias y el parlamentario andaluz- a personas con discapacidad intelectual a la función pública mediante una modificación del sistema de oposiciones. Quiero dar las gracias porque ha sido impulsada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía, así que muchas gracias. Creo que gracias a ese esfuerzo hemos llegado hoy aquí. Es una propuesta que apoyamos y defendemos porque parte de un principio que es fundamental y que está recogido en nuestra Constitución, que es garantizar la igualdad por parte de los poderes públicos, lo cual no significa poner una raya en el suelo y no significa poner un punto de partida, sino que lo importante es garantizar la igualdad desde los poderes públicos y remover todos -absolutamente todos- los obstáculos e impedimentos que no lo hacen materialmente posible. Aquí hemos oído que algunos y algunas, en muchos momentos y cada vez que aumentamos la protección para determinados colectivos, han dicho en sus discursos que si tienen cuotas, que si tienen más derechos que otros... No, señorías, planteamos justo lo contrario. Se está proponiendo reconocer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio y las dificultades objetivas para conseguir ese propósito final que determinadas personas sufren y que hasta ahora no estaban plenamente reconocidos. Estamos ampliando derechos, estamos universalizando derechos, estamos dando un pasito más hacia la igualdad material para todas las personas que quieran acceder al funcionariado público y que hasta ahora lo tenían muy difícil, por no decir que prácticamente imposible. Y eso es ampliar y avanzar hacia una mayor accesibilidad en el empleo público y es algo que nos mejora como sociedad y como democracia.»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.