«Pues bien, esa es la importancia que le da Sánchez a la función pública española. Sánchez ha creado la Administración más elefantiásica y mastodóntica de la democracia, con 22 ministerios -de los cuales hay tres vicepresidencias-, 31 secretarios de Estado, 50 subsecretarios o cargos con rango equivalente, 54 directores de gabinete, 136 directores generales, etcétera. Tienen nada menos que 551 altos cargos y, ojo, más de 1300 asesores; repito, más de 1300 asesores. Y ya que estamos con diputados del Parlamento de Andalucía, solo el delegado del Gobierno en Andalucía tiene 21 asesores a dedo. El número de asesores y el gasto destinado es el más alto de todos los Gobiernos en democracia. Mientras que las familias, los autónomos y las empresas tienen que apretarse el cinturón, pagando más impuestos, pagando más por el precio inasumible del gas y de la luz, por la subida de la cesta de la compra, el Gobierno sigue burlándose de los españoles, sin hacer el más mínimo ajuste en el gasto improductivo. Y todo esto, por no hablar de las irregularidades detectadas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe -que seguramente los señores parlamentarios de Andalucía conocen bien-, que estuvo funcionando durante los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, que contrató -según el juez- de forma injustificada, sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación, al menos a ochenta y cuatro personas, una de las cuales es Carmen Ibanco, esposa del exsecretario general del PSOE de Andalucía y actual portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas. El juez apunta que la contratación habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad, así como el ilícito mantenimiento del personal contratado en distintos puestos de trabajo creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales, con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones por parte de aquellos. Pues bien, estos ochenta y cuatro enchufados socialistas entraban en la fundación mediante un correo electrónico en el que se rogaba su contratación, en muchas ocasiones, pese a no tener ninguna cualificación profesional. Su aval: tener parentesco o afinidad con algún socialista, tal y como recoge un informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Termino ya, señora presidenta. Una vez más queda acreditado que los socialistas se preocupan más por el bienestar de los políticos y de sus amiguetes que por el bienestar de todos los españoles. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).»

Fragmento 3 de 3 de esta intervención.