«Las políticas desarrolladas por este Gobierno progresista han contribuido a que la función pública avance también en igualdad y en inclusión, y la acción de mi grupo parlamentario y del Gobierno en estos años da buena cuenta de ello. La oferta de empleo público de la Administración General del Estado de 2024 ha supuesto un aumento de las plazas reservada a las personas con discapacidad. Se ha aumentado del 7 al 10 % las plazas ofertadas y de ese 10 % -como saben-, un 2 % son las reservadas a personas con discapacidad intelectual. Por otro lado -como saben-, una nueva Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado se está tramitando -debemos evolucionar hacia una Administración más cercana, que ponga énfasis en la consecución de los objetivos sociales-; un proyecto de ley que recoge, entre otros, un principio inspirador de carácter transversal como es la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, el Gobierno está trabajando en el futuro real decreto que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. El contexto social actual demanda políticas públicas más inclusivas, poniendo el foco en la eliminación de barreras de acceso, en la promoción de la igualdad de oportunidades y en el reconocimiento de la diversidad funcional como un valor para la Administración pública. Para ello es imprescindible adaptar el marco regulador a los principios actuales, garantizando su coherencia con las normativas vigentes y las mejores prácticas en materia de empleo inclusivo. Mediante este proyecto de real decreto se pretende, entre otras cuestiones, ofrecer certidumbre con respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, actualizar el cupo de reserva de las plazas para personas con discapacidad y también consolidar una Administración -como digo- inclusiva y representativa, promoviendo una cultura organizativa basada en el respeto a la diversidad y en la igualdad de oportunidades.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.