«En este contexto es crucial reconocer las medidas contra las agresiones que ya se están implementando y evaluar su efectividad. Llevamos años trabajando para conseguir violencia cero. Se han dado pasos importantes, no suficientes, tanto desde las Administraciones públicas como desde las organizaciones profesionales. Aquí quiero agradecer y valorar especialmente al Observatorio de la Organización Médico-Colegial, que lleva mucho tiempo trabajando y haciendo una excelente labor, y a todas aquellas organizaciones que están implementando estos observatorios en los últimos tiempos; también al grupo de trabajo técnico para el análisis y estudio de las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, que se constituyó en el año 2018 y que analiza toda la información facilitada por el INGESA a las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior, elaborando un informe y un sistema de notificación homogéneo para evaluar la situación y tomar medidas también a nivel nacional. Por otro lado, se trabaja con las autonomías, y la mayoría de ellas implementan los planes y los procedimientos para prevenir y frenar cualquier tipo de agresión, además de que garantizan el acompañamiento en la asistencia y el asesoramiento. En el año 2017, la instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior instituyó un protocolo común frente a las agresiones a profesionales de la salud, que también ha sido de gran ayuda para establecer medidas de prevención. La figura del interlocutor policial territorial sanitario ha contribuido a mejorar la asistencia en estos casos, y se incluyeron en el Código Penal a los docentes y sanitarios como autoridades públicas protegidas, y actualmente, en el seno del Estatuto Marco, se pretende ampliar a más categorías profesionales.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.