«Quisiera aprovechar esta intervención para señalar que tenemos un grave problema de acceso a la vivienda, que además se agudiza en los centros de las grandes ciudades, y de manera particular en el archipiélago canario. La crisis de acceso a la vivienda en Canarias se ha visto agravada por la proliferación de viviendas vacacionales, que han reducido significativamente la oferta de alquiler residencial y han contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario. La población canaria, cuando busca una vivienda para alquilar o comprar, tiene que competir con inversores y especuladores inmobiliarios que tienen mucho poder adquisitivo y pueden hacer las mejores ofertas por esas viviendas. Esta situación ha provocado que muchas personas en las islas se vean obligadas a vivir en infraviviendas que no cumplen con los mínimos requisitos de habitabilidad o en viviendas compartidas, habiendo aumentado muchísimo el precio del alquiler por habitaciones en viviendas compartidas. Por eso en SUMAR defendemos que la vivienda no es un negocio. Es un derecho que debe ser garantizado. A pesar del grave problema que tenemos de acceso a la vivienda, las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, como Canarias, aunque sea en coalición, han optado por no aplicar la ley estatal de vivienda, mostrándose críticos con la intervención directa del mercado y el límite de precios de los alquileres, protegiendo así los intereses especulativos en relación con la vivienda frente a los intereses de la mayoría social y a la necesidad de garantizar ese derecho a la vivienda, que es igual que el derecho a la alimentación, el derecho al empleo o el derecho a una salud o a una educación pública de calidad.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.