«En segundo lugar, el límite de seis meses para alquilar la vivienda objeto de la inversión supone un requisito que desincentiva la inversión por el riesgo de incumplimiento. Evidentemente, no por voluntad del inversor, que lo que desearía es rentabilizar su inversión desde el primer momento, sino porque puedan darse contingencias en el mercado inmobiliario. Se trata, por lo tanto, de un límite temporal especialmente desincentivador cuando se tiene en cuenta que las consecuencias del incumplimiento recogidas en el artículo 27.16 de la misma norma, que deberían limitarse al pago de la cuota dejada de ingresar con los intereses de demora, no excluyen las sanciones para el inversor. En tercer lugar, la preferencia sobre la vivienda protegida va en detrimento de la construcción y rehabilitación de vivienda libre. Es una política fiscal errónea si lo que se pretende es incentivar la construcción o ampliar la oferta de todo el mercado de vivienda. Por último, estoy obligado a referirme a la inseguridad jurídica a la que se somete al inversor. La RIC, la reserva para inversiones en Canarias, está infrautilizada tanto por la autonomía calificadora de la inspección, cuestión completamente ajena -eso es verdad- a esta proposición de ley, como por su falta de estabilidad. Desde que se aprobó en 1994, ha sido modificada en catorce ocasiones. Si llegase a término este trámite de esta proposición de ley, sería la decimoquinta vez que se reforma en estos treinta años el régimen económico y fiscal de Canarias, en concreto este artículo 27. Sabiendo cómo funciona la reserva de inversiones, que tenemos tres años para materializar la inversión con la obligación de mantener el activo durante cinco años, nos saldría que, de media, en los ocho años en los que dura, por así decirlo, esa inversión se habría cambiado la regulación del objeto de la inversión hasta en cuatro ocasiones. Esto, señorías, como comprenderán, no ofrece ninguna seguridad jurídica al inversor.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.