«No miren para otro lado, señorías, porque en España hay domicilios privados en los que se empadrona a más de cien personas en inmuebles diminutos, y esto pasa a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, como por ejemplo en Sueca, Valencia, en Tres Cantos, Madrid, también en Palma de Mallorca o en Talavera de la Reina, donde casi trescientos inmigrantes ilegales estaban empadronados en tres inmuebles. Y si esto se está denunciando y se está persiguiendo es gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a las policías locales y gracias también, por qué no decirlo, a los concejales de VOX y a los Gobiernos locales donde VOX está presente. (Aplausos). Por ello, esta proposición de ley pretende defender algo tan sencillo como el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el sentido común. No se les olvide que el artículo 103.1 del texto constitucional señala que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y deben hacerlo siempre con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Y hoy hay poderes públicos que amparan, estimulan y promueven situaciones de ilegalidad como la okupación y la inmigración ilegal. Y no solamente eso, sino que, además, cuando conceden el padrón les otorgan efectos positivos. Y digo esto, señorías, porque precisamente los empadronamientos de esta naturaleza son los que a su vez favorecen la inmigración ilegal y los que acarrean mayores niveles de inseguridad, precariedad y deterioro de los servicios públicos, cuando no el colapso. Yo les pregunto, señorías de la izquierda, ¿hasta cuándo van a seguir alentando y promoviendo la inmigración ilegal? ¿Hasta cuándo van a seguir importando pobreza, inseguridad y delincuencia? ¿Y hasta cuándo, señorías, van a seguir regalando el dinero fruto del trabajo y el esfuerzo de todos los españoles a ayudas y beneficios sociales para la inmigración ilegal?»

Fragmento 3 de 7 de esta intervención.