«Después de casi cincuenta años seguimos sin abordar una responsabilidad histórica que nos interpela a todos. La gran mayoría de los saharauis que nacieron bajo dominio español no tuvieron la oportunidad de optar a la nacionalidad española y muchos han muerto sin ver reconocida esa deseada aspiración. Efectivamente, en 1976 se concedió un año para acceder a la nacionalidad, pero ustedes saben en qué circunstancias: en unas circunstancias de destierro, en unas circunstancias de urgencia. Los cabezas de familia querían saber dónde iban a vivir sus hijos y sus familias. Muchos de ustedes conocen dónde fueron a parar en ese exilio, cómo para hacer trámites administrativos y poner... ¿qué?, ¿un telefax? ¿A quién?, ¿a qué autoridad? Es decir, eso hay que completarlo. Está bien claro que queda eso por resolver. A mí, como vasco, me gusta referirme y hablar de los derechos históricos como factor de singularidad y riqueza política. En Euskadi se reflejan en la Constitución española y en el Estatuto de Guernica. Pues bien, los y las saharauis tienen sus derechos históricos, que se ligan y reconocen en el derecho internacional en relación con el proceso de descolonización en las resoluciones de Naciones Unidas, reconociendo el derecho de autodeterminación. Y todo ello se vincula al derecho español como última potencia administradora -lo dice la ONU, no lo dice el Grupo Popular ni Carmelo Barrio- y al derecho de la Unión Europea, como ya se ha demostrado en las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión sobre relaciones comerciales y recursos naturales.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.