«Con el Estatuto de 2016, en Cataluña se propuso el blindaje de las competencias catalanas, porque se había visto durante años y en muchos ámbitos el relativismo competencial, que consiste en que todo aquello que le incumbe exclusivamente a Cataluña, allí también podía intervenir el Estado. La sentencia constitucional de 2010 se lo cargó. El Tribunal Constitucional vino a decir: señores catalanes, allí donde su estatuto dice 'competencia exclusiva', deben leer ustedes 'con permiso del Estado español', y nos dieron una lección que se nos ha quedado marcada a fuego. Una competencia autonómica exclusiva solo podrá serlo si no hay ninguna norma estatal que la condicione, aunque sea mínimamente. Y esto último es lo que justifica qué va a hacer hoy Junts: evitar votar ninguna norma del Estado que tenga ningún tipo de afectación en materias cualificadas como exclusivas de Cataluña, que las pueda condicionar bajo ninguna justificación, tampoco la de la seguridad jurídica. Es más, a nosotros nos llama la atención que la justificación de esta ley sea la de adecuarse a diferentes pronunciamientos o fallos del Tribunal Constitucional que, mediante diferentes sentencias, como ya he dicho, ya advirtió que la reglamentación impuesta por la normativa de la ley del suelo anterior no respetaba la distribución de competencias. Pero lo que se está proponiendo ahora, a nuestro entender, no es adaptarse al régimen de distribución de competencias que se había vulnerado, que es lo que tendría que haber sido, sino hacer aquellas modificaciones precisas para que ahora el Tribunal Constitucional ya tenga mucho más difícil pronunciarse en ese sentido en una próxima ocasión. Es decir, estamos ante un perfeccionamiento y una sofisticación de la vulneración competencial: que surja el efecto sin que se note el cuidado.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.