«Señorías, la vivienda se ha convertido en el principal problema que preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, y no lo digo yo. Lo decimos todos, lo sabemos todos y lo gritan los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, nos lo gritan en todas partes. Dejen a un lado sus prejuicios ideológicos y sus recetas precocinadas de liberalización, de regulación y, en no pocos casos, de pelotazo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con diálogo, sin prejuicios ni exclusiones, con todos los grupos de la Cámara, empezando por ustedes, señorías del Partido Popular, para una reforma que consiga ampliar aún más los consensos políticos, sociales e institucionales de aquellos con los que ya cuenta esta proposición de ley. La propuesta de ley socialista, compartida por el Partido Nacionalista Vasco, pretende sumar los máximos apoyos para hacer de la reforma del suelo y rehabilitación urbana un acuerdo de país para responder, como dije antes, a una necesidad largamente demandada por administraciones locales de diferente color político. Es una petición sin distinciones; de hecho, en el año 2022, once de las diecisiete comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, solicitaron al Estado la tramitación de esta ley. La demandan porque la reforma de la ley del suelo es imprescindible para dotar de estabilidad y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de España para que prime sobre los intereses privados y particulares los públicos y de los ciudadanos en general, fomentando un desarrollo urbano integrado, igualitario y medioambientalmente sostenible. Por otro lado, es también una obligación adeudada a los ayuntamientos, que ya dejaron de ser hace mucho tiempo ese hermano pequeño de la democracia española y no pueden seguir sometidos a una legislación obsoleta, lenta y confusa respecto a una de sus políticas esenciales, la de cómo ordenar sus pueblos y ciudades para hacer entornos habitables y sostenibles.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.