«En cambio, este texto se nos queda muy corto para el momento que estamos viviendo. Ya no sirven los parches ni la propaganda. Como decimos en nuestro plan de vivienda, la reforma de la ley del suelo es urgente y necesaria. Sin embargo, no vale cualquier reforma. Las propuestas que nos están trayendo no están a la altura y, además, nos da la sensación -lo ha dicho el señor portavoz de SUMAR- de que son copias de ese anteproyecto de ley que se presentó en 2018. Yo le matizo al señor Ibáñez que son malas copias, copias a medias. En cualquier caso, además, son pura fachada, porque este texto modifica solo dos leyes y de forma superficial, insuficiente para el momento actual que vivimos. Solo afectaría al 10 % de los proyectos de vivienda en España, dejando el 90 % restante en el mismo estado de ruina actual. En cambio, la nuestra es fruto de hablar con los expertos y con comunidades autónomas. Responde, precisamente, a lo que necesitamos. Objetivamente, vemos que esta ley y la suya tienen poco que ver, sobre todo, porque la nuestra es un plan integral que reforma con lógica y sentido varias normas que son imprescindibles: la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, la ley de vivienda, la ley de arrendamientos urbanos, la ley del contrato de concesión de obras públicas y la ley de enjuiciamiento civil. ¿Para qué? Para agilizar y asegurar la tramitación del planeamiento, evitando anulaciones innecesarias; también intentamos bajar los plazos, de diez a quince años en algunos casos, hasta cuatro; para acabar con la ineficacia en la emisión de informes sectoriales que su perpetua, estableciendo plazos y aplicando el silencio positivo cuando corresponda; para dar seguridad real a la inversión y aumentar la oferta de vivienda, que está ahora mismo estrangulada; para derogar las medidas lesivas que la ley de vivienda ha hecho que se hunda la oferta del alquiler; para proteger al propietario frente a la okupación y la inquiokupación.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.