«La metodología de trabajo fue minuciosa, exhaustiva, exigente y rigurosa, marcada siempre por la búsqueda del máximo consenso posible. El resultado de estos trabajos es el documento que hoy sometemos a aprobación del Pleno del Congreso y que incluye 461 medidas, entre las que se cuentan novísimas aportaciones, que responden fundamentalmente a tres apartados: violencia vicaria, violencia digital y violencia económica. De la misma manera, este informe mantiene medidas del primer pacto estatal, en la mayoría de los casos con una revisión de su ejecución y con una actualización basada en el nuevo marco normativo nacional y europeo. Un anexo recopila las medidas del pacto de 2017, que se han considerado totalmente cumplidas, pero en las que de ninguna manera puede ni debe retrocederse, ni ahora ni en el futuro. (Aplausos). El documento también incorpora un resumen de las comparecencias, una enumeración de las propuestas de las personas comparecientes, que han servido de base para elaborar el informe, y el marco normativo. Al igual que aquel de hace ya más de siete años, este pacto renovado y actualizado consta de diez ejes: sensibilización y prevención; respuesta institucional; coordinación y trabajo en red; asistencia, ayuda y protección a las víctimas; asistencia y protección de menores; formación, estudios y seguimiento estadístico; recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones; visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres; compromiso económico, y seguimiento y evaluación del pacto. Contiene, además, un subapartado específico sobre prevención de la violencia sexual, el acceso a la pornografía y otros contenidos no apropiados para los menores. Recoge, pues, aspectos novedosos, que constituyen hoy en día motivo de preocupación especial por parte de la sociedad en su conjunto, y a los que el nuevo pacto de Estado no podía ni debía sustraerse.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.