«El nuevo pacto reconoce también el derecho de las víctimas de violencia de género que conviven con un animal a no separarse de él en el momento en el que dejen de vivir con su maltratador. No es un tema menor, los datos dicen que hasta el 84 % de mujeres manifiestan que su animal también ha sufrido violencia y un 60 %, ¡un 60 %!, no abandona su hogar o retrasa la salida del hogar porque tiene miedo a que el maltratador ejerza violencia vicaria al animal, pudiéndolo matar, poniendo así en peligro su propia vida al alargar esa convivencia con esa persona que le da palizas, muchas veces día a día. Estas mujeres muchas veces solo tienen como apoyo emocional a ese animal y la Administración tiene que garantizar que puedan abandonar sus hogares con ellos. Y aquí lanzo y enlazo con el concepto de sororidad recogido también en este pacto. Luchar contra la violencia contra las mujeres debe ser una cuestión integral y tenemos que trabajar para garantizar el derecho de todas las víctimas, de todas y cada una de ellas, sin dejarnos a ninguna, sufran el tipo de violencia machista que sufran. Cada una tiene sus circunstancias, con sus preocupaciones y miedos, y eso significa que hay que atender dentro del mismo rango a todas las víctimas y poner en el mismo nivel todas las violencias, sin frivolizar absolutamente ninguna. Y aquí es donde falla el documento. El documento se deja por el camino dos cuestiones que para nosotros son troncales: no reconoce la violencia obstétrica ni la violencia institucional, dos formas de violencia reconocidas internacionalmente y que, como decía antes, se tienen que abordar de forma clara y valiente. Desde el Gobierno de la Generalitat ya se ha hecho. Se usa el eufemismo salud obstétrica para esconder bajo la alfombra lo que hoy está a la orden del día: desinformación, cesáreas no justificadas, comentarios y afirmaciones totalmente injustificables en las consultas de ginecología, entre muchas otras cosas. La violencia obstétrica ha sido reconocida por muchas instituciones internacionales y es algo que pasa cada día. Esta violencia vulnera la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su propia salud sexual y reproductiva. Y, en cuanto a la violencia institucional, diré que hace pocos días la Justicia ha archivado el caso de Juana Rivas por este tema, por ejemplo. Sucede cada día que las propias Administraciones públicas, por acción o por omisión, perpetúan estas situaciones de desigualdad: la revictimización de las mujeres en el sistema judicial, como, por ejemplo, en el caso de La Manada, la negligencia en la atención a las víctimas o la falta de información son ejemplos concretos de esta violencia. Su reconocimiento para nosotros es esencial para poder avanzar hacia una sociedad que sea más justa e igualitaria y, una vez más, el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha denunciado estas violencias contra las mujeres y ha pedido que el Estado haga algo para acabar con ellas.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.