«Quinta, ¿cómo quieren llevarlo a cabo? Modificando el Real Decreto 1559/2012 para que la Sareb tenga la obligación de ceder el dominio de los activos a las Administraciones públicas competentes, cesión de dominio de un mínimo del 80 % de los activos que pueden destinarse a vivienda y del 50 % de los terrenos urbanizables, porcentajes que se aplicarán también en años sucesivos. Unas Administraciones públicas que no se han distinguido en las últimas décadas por una gestión eficiente de los recursos ni por tener un especial interés en aumentar el parque de vivienda social. Sexta, ¿cuál será el efecto sobre las cuentas públicas? Esta proposición supone invalidar la ley de estabilidad presupuestaria al eximir de aplicar medidas correctoras a las entidades locales si el gasto se dedica a partidas relacionadas con la vivienda pública, y supone dar la espalda a una gestión responsable de las cuentas públicas. Y es que llevar a cabo una gestión responsable de las cuentas públicas supone que cualquier aumento de gasto en partidas como la vivienda debería ir acompañado de una reducción, al menos de igual cuantía, de gasto político superfluo e ideológico. (Aplausos). Esto supondría que los entes locales no registrarían déficits y, por tanto, no se incrementaría la deuda.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.