«Hoy nos plantean una nueva medida estrella: que la Sareb ceda el dominio, la propiedad, a las comunidades -no a los ayuntamientos, sino a las comunidades, que son la Administración competente- y, si eso, que los ayuntamientos compren lo que puedan, aunque las competencias sean de la comunidad. Nos parece poco solidario con los ayuntamientos, pero no es solo esta cuestión la que no nos convence. Por cierto, la reestructuración bancaria no fue un invento del Partido Popular; se inició en el año 2009, precisamente cuando gobernaba el Partido Socialista. (Aplausos). La creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tuvo lugar en el año 2009, de la mano de un gobierno socialista. (Continúan los aplausos). Como decía, tampoco nos convence la propuesta porque la función de la Sareb es gestionar y liquidar activos procedentes de esta reestructuración bancaria. En su día se invirtieron 50 000 millones en activos inmobiliarios con el aval del Estado; al cierre de 2023, la deuda pendiente ascendía a 29 000 millones, que hoy computan como deuda del Estado, que tiene su contrapartida precisamente en los activos. Por lo tanto, desprenderse de ellos, lejos de suponer un retorno social, implica incrementar el coste de la reestructuración bancaria. El retorno social consiste precisamente en que todos esos activos sean gestionados y puestos en el mercado a precios asequibles, evitando incrementar la deuda de la reestructuración bancaria, y en eso vamos a estar. Es absolutamente cierto que la gestión de la Sareb es mejorable.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.