«En segundo lugar, este proyecto de ley moderniza el régimen jurídico de las empresas de inserción con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad y mejorar la competitividad. Estas entidades desempeñan un papel esencial en las políticas públicas de integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Para ello, la norma refuerza y actualiza los mecanismos de promoción de estas empresas, garantizando su eficacia tanto en el ámbito social como en el ámbito económico. En tercer y último lugar, la reforma de la Ley de Economía Social responde a la necesidad de definir un marco regulador más preciso que permita identificar con claridad las entidades que operan en este sector. Con ello, se incorporan nuevas fórmulas empresariales reconocidas ya a nivel europeo, facilitando su integración en el ecosistema de la economía social... (rumores.-Pausa) ... y asegurando su alineación con estándares internacionales. Frente a esto, uno de los aspectos más llamativos de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario VOX es la ausencia de una argumentación sólida jurídica, económica y social que precise la solicitud que ustedes formulan de devolución de este texto legal. El texto presentado no incluye una sola propuesta alternativa que posibilite un debate legislativo sustantivo por parte del Grupo Parlamentario VOX, que es lo que deberíamos hacer hoy en esta Cámara. No contiene un análisis técnico sobre el impacto de esta reforma en las entidades de la economía social, un modelo que -conviene recordar- abarca todos los ámbitos de la actividad productiva en nuestro país. Tampoco plantea una evaluación de la viabilidad jurídica de la ley ni de su adecuación a los marcos normativos español y europeo. Se trata, en definitiva, de una oposición carente de una justificación técnica que permita una discusión legislativa rigurosa.»

Fragmento 3 de 13 de esta intervención.