«Ustedes hacen también referencia a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, tratando de sembrar la idea de que su exclusión de la definición de la economía social supone su expulsión del mercado o un perjuicio para la empleabilidad de las personas con discapacidad, y, señorías, no hay nada más lejos de la realidad. Este proyecto de ley refuerza la distinción entre los centros de iniciativa social y los de iniciativa empresarial, precisamente para reconocer y fortalecer el papel sociolaboral de los primeros en plena coherencia con los valores y principios que rigen la economía social. Por tanto, no se trata de excluir, sino de garantizar que el ecosistema de la economía social siga respondiendo a su propósito, que es la primacía de las personas y del valor social sobre el lucro. Además, esta modificación no implica, en ningún caso, una prohibición ni impide automáticamente a estos centros formar parte de la economía social. La propia norma, en cumplimiento de sus principios rectores, no establece ningún veto para que sigan siendo reconocidos dentro de este ámbito. Lo que hace es evitar confusiones y reafirmar que la economía social no puede ser una etiqueta vacía ni un espacio donde se desdibujen sus objetivos fundamentales. Se protege de este modo su misión transformadora, asegurando que siga siendo un instrumento de inclusión y de justicia social y no un simple paraguas bajo el que cualquiera pueda cobijarse, sin asumir los principios rectores de la economía social.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.