«Luego está, por supuesto -y esto les molesta muchísimo-, la relación que hay entre esta inmigración ilegal masiva y desordenada y la delincuencia, y ahí nos encontramos con que, evidentemente, esa situación de inseguridad jurídica y de indeterminación de la edad también va a generar -si no, bájese a Ceuta, a Melilla, a El Ejido y a tantos sitios de España donde tienen este problema- mayor delincuencia e inseguridad. ¿Y quiénes lo pagan? Los españoles. Además, va a generar una cosa que también les molesta mucho que les recordemos: va a incrementar el efecto llamada, porque con sus proyectos casualmente se van a perder todavía más documentos. El que traía algún tipo de documentación donde se acreditara su edad, como un pasaporte, un DNI o cualquier otro documento, va a hacerlo desaparecer; lo va a tirar en la primera papelera que vea o en el mar o en el aeropuerto y ya no lo va a tener, y va a decir que es menor de edad. Y ante la petición de la ONG de turno para que se lleve a cabo el procedimiento judicial, ese falso menor tiene garantizados muchos meses, cuando no un año a lo mejor, hasta que se resuelva el mismo. Porque una cosa es lo que ustedes ponen en la letra y otra es la realidad de los tribunales y lo que se necesita luego, con recursos, contrarrecursos y no sé qué más. (Aplausos). Por tanto, el sexto efecto pernicioso es que va a generar un fraude todavía mayor en la actual situación, pues se va a multiplicar, como le he dicho que ya nos avanzó el fiscal general del Estado. Y eso lo van a pagar también los españoles.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.