«Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor ministro, como ha dicho, estos dos proyectos de ley, presentados por el Gobierno y que vamos a sustanciar en un solo debate, proponen la modificación, por un lado, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, por otro, de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta modificación que se plantea supone un cambio sustancial en cuanto al procedimiento de determinación de la edad de los menores, trasladando al ámbito judicial lo que hasta ahora venía siendo una resolución administrativa a través de un decreto del ministerio fiscal. El objeto de esta, a priori, es diseñar un proceso de determinación de la edad más garantista que el actual, que asegure la protección y el interés superior del menor, a la vez que sea un proceso riguroso y ágil, sin dilaciones. Sin embargo, tal y como viene redactada, señor ministro, requeriría de importantes modificaciones para asegurar el cumplimiento de dicho objetivo. Por ello, como estamos interpelados por nuestros compromisos internacionales, mandatados por nuestra propia legislación, la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Supremo, debemos abordar esta reforma desde el compromiso firme de garantizar un sistema que, a la vez que proteja la vulnerabilidad de los menores, nos permita contar, y con vocación de permanencia en el tiempo, con un sistema ágil, respetuoso con el principio de seguridad jurídica, que evite el colapso del sistema judicial y, con ello, dilaciones indebidas que afecten a la tutela judicial efectiva y, al fin y a la postre, no produzca efectos indeseados o consecuencias difícilmente reversibles.»

Fragmento 1 de 8 de esta intervención.