«La dilación en los procedimientos de determinación de la edad traerá consigo mayor desprotección de los menores en sus derechos, también de los menores indubitados. Asimismo, esta dilación en los procedimientos traerá consigo un posible uso torticero de esta, como subterfugio para evitar la devolución, el retorno del inmigrante e, incluso, la prescripción, en caso de delito, señor ministro. Esto, en los territorios frontera, lo vivimos diariamente. Señorías de VOX, bienvenidos a la vida real, bienvenidos a la gestión, esa de la que, en cuanto se pone complicada la cosa, ustedes salen corriendo. Bienvenidas, señorías de VOX. (Aplausos). Señor ministro, el actual volumen que existe en los juzgados de familia requiere ya de una mayor dotación de medios, y más con la incorporación de esta nueva competencia. Porque, si no, en su defecto provocaría una saturación, no solo en este asunto, sino en el resto de los asuntos que se sustancian. Y el tensionamiento de los recursos de protección de menores no se puede obviar. La presunción de minoría y el retraso en la determinación de la edad va a recaer en una mayor presión, y por más tiempo, sobre los recursos autonómicos de primera llegada, sin contar con un incremento de la financiación y sin contar con los medios por parte del Estado, que es el competente en el control y en la gestión de los flujos migratorios. Por tanto, otra carga más encubierta por parte del Estado a las comunidades y ciudades autónomas, vulnerando de nuevo, y como acostumbra este Gobierno, el principio de lealtad institucional. Todo ello para acabar provocando un efecto incentivador para que el inmigrante se declare menor de edad y así evitar, hasta tanto se determina esta, su devolución o retorno. Esto ya pasa en los territorios frontera, señor ministro.»

Fragmento 6 de 8 de esta intervención.