«En segundo lugar, esta norma viene a cumplir con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. En su disposición final vigesimocuarta establece que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia (rumores)...»

Fragmento 2 de 2 de esta intervención.