«Consideramos, por lo tanto, que es adecuado el enfoque general de las dos leyes, un procedimiento administrativo con presencia del fiscal, que instruye y dictamina, y también consideramos adecuado que el régimen sea garantista, que parta del interés superior del menor. Por lo tanto, por estos motivos votaremos también en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Quería ahora detenerme en la cuestión de fondo que plantea la enmienda a la totalidad. Me refiero más a lo escrito que a la intervención de su portavoz, que nos ha ofrecido una parafernalia que tampoco tenía mucho que ver con lo que nos ocupa hoy. Sin negar lo que hemos dicho, el nuevo régimen de determinación de la edad, que pivota sobre la presunción de la minoría y sobre las garantías procesales de la vía judicial, a pesar de que formalmente esté previsto que sea un procedimiento preferente y urgente, es previsible, es prácticamente seguro que vaya a comportar que un periodo para su resolución se alargue meses, quizás llegue a durar años. Esto, a la vez, impactará en los servicios de acogida, derivando en una saturación todavía mayor de los servicios de protección de los menores, que ahora mismo están abrumados, unos servicios que, como se sabe, no proporciona el Estado, sino que prestan las Administraciones autonómicas a través de los centros de acogida. El colapso del sistema de acogida en las islas Canarias, en Cataluña y en prácticamente todos los territorios del Estado es, de hecho, un riesgo directo para el objetivo prioritario de la propia reforma legal, es decir, la protección de los niños y adolescentes.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.