«En el Grupo Parlamentario Socialista apostamos por una regulación que salvaguarde los derechos de los menores en desamparo mediante la creación de un procedimiento judicial que incorpore garantías esenciales. Este proyecto de ley aborda y regula diversas cuestiones que hasta ahora no estaban resueltas y se orienta principalmente a establecer un procedimiento más garantista para la persona cuya edad se pretende determinar. Como ha dicho el ministro anteriormente, el Gobierno es plenamente consciente de que garantizar los derechos de los menores podría generar alguna incertidumbre en territorios con especial presión migratoria, pero quiero transmitir que impulsamos esta ley para resolver problemas con agilidad y seguridad jurídica, porque sabemos -nosotros somos conscientes- que la relación entre menor no acompañado y vulnerabilidad es incuestionable. Le diré que las personas no acompañadas que necesitan de este procedimiento jurídico son menores que generan dudas razonables sobre su mayoría o su minoría de edad, lo que suele suceder en el tramo de los 15 a los 17 años. Se trata de edades cruciales que son el punto de partida para desarrollar un proyecto de vida hacia una edad adulta. En el caso de no disponer de un documento civil en esta etapa, se condena a la persona a una situación de limbo jurídico que le perjudicará el resto de su vida y truncará su futuro. En cambio, si tuvieran en ese momento determinada la edad podrían iniciar los trámites para obtener un permiso de residencia, de trabajo, podrían trabajar, estudiar y formarse durante la estancia en el sistema de protección y podrían construir la vida que ellos quieren elegir.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.