«Les contaré el caso de Abaubacar, expediente número 62 de un estudio de la Fundación Raíces, uno de otros tantos. Abaubacar se encontraba indocumentado y fue tratado como mayor a la entrada de España. Sin embargo, tras ser trasladado a Madrid, le fueron realizadas unas primeras pruebas de determinación de la edad que concluyeron que era menor de diecisiete años. Posteriormente a la realización de estas pruebas, cuando el menor consigue su pasaporte y lo aporta a la Comunidad de Madrid, a instancias de la propia comunidad, se realizan unas segundas pruebas de determinación de la edad y en virtud de estas se concluye que es mayor de edad. La consecuencia es que el menor fue expulsado del sistema de protección y denunciado por falsedad documental. Posteriormente, se fallaría a su favor en vía judicial, pero estas actuaciones -que no son las únicas; hay muchas- son las que están produciendo el colapso y el retraso a los que se refieren los compañeros del Grupo Popular. Por lo tanto, la determinación de la edad impacta -sí impacta- en el futuro tratamiento jurídico de las personas y en la protección por parte de las Administraciones públicas.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.