«Quiero destacar algo importante: aquí Mazón no podrá mentir impunemente. Según el artículo 502.3 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal -cito-: 'El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses'. Hay 5,5 millones de valencianos y valencianas que quieren saber dónde estaba su presidente la tarde del 29 de octubre, mientras su pueblo se ahogaba. También quieren saber qué decisiones tomó, si decidió retrasar las alarmas o, sencillamente, por qué ustedes mandan a la jueza imágenes que están manipuladas de la llegada de Mazón al CECOPI, como hoy también nos advierte el periódico El Salto. Aprueben esta comisión, traigan a Mazón aquí, déjennos preguntar y lo sabremos. Aquí, al señor Mazón no le van a poder proteger su guardia pretoriana del Partido Popular desde Génova ni sus amigos de VOX. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. La diferencia, en este caso, radica en que las instituciones hagan su trabajo o no lo hagan. En todo caso, yo creo que tenemos un deber político, un deber moral con la sociedad civil, con las víctimas, y que no tenga que ser la sociedad civil organizada, de nuevo, la que pida esas investigaciones, como ya pasó con el caso Yakolev o con el accidente del metro de Valencia. Esta comisión de investigación, como digo, es una exigencia democrática y ética que tenemos con las víctimas, con las familias y con los miles de personas que lo perdieron todo en la tarde del 29 de octubre, porque no va a haber reconstrucción posible en el país valencià si no va acompañada de la verdad, de la justicia y de la reparación para todas las víctimas. Muchas gracias.»

Fragmento 4 de 4 de esta intervención.