«No ha sido neutro el sesgo discursivo de algunos políticos y activistas mediáticos de extrema izquierda, que, junto con la respuesta permisiva legal y judicial, han contribuido en los últimos años a la proliferación de ocupaciones ilegales. Pero ¿son ciertos algunos discursos populistas que alarman a la ciudadanía sugiriendo que cualquier persona que puede salir de casa fácilmente se puede encontrar su domicilio okupado a la vuelta? No, y los datos lo desmienten, pero eso no significa que el problema no sea grave ni que no genere múltiples consecuencias negativas. Hoy hay muchas okupaciones que están vinculadas directamente con la delincuencia. Los ayuntamientos y la policía lo confirman. Crecen las viviendas okupadas por redes de narcotráfico, que las utilizan tanto para fabricar como para distribuir estupefacientes; redes delictivas que se encuentran protegidas e incluso estimuladas por la falta de respuesta judicial ante las okupaciones. Esta realidad tiene un efecto perverso en los vecinos y en su entorno: se generan conflictos de convivencia y de seguridad, y eso sucede más en los barrios más débiles. También vemos cómo han proliferado organizaciones más o menos complejas -más bien menos complejas-, también delictivas, que se dedican a forzar puertas, a acceder a las viviendas y a ceder esas viviendas a otras personas, a terceros, a partir de 3000 euros. Y en muchos casos se realizan conexiones fraudulentas para acceder a los suministros y no hacen frente a los gastos comunitarios, no se preocupan, cosa que degrada a las comunidades y pone en riesgo de incendios o de fugas de gas no solo a los propios okupantes, sino a los vecinos de esta comunidad.»

Fragmento 13 de 15 de esta intervención.