«En definitiva, la okupación de inmuebles está generando un mercado negro de alquiler y de acceso a la vivienda y pone en peligro especialmente a aquellas personas más vulnerables y perpetúa la pobreza y la dependencia respecto de bandas profesionales de la extorsión. Pero los efectos negativos no acaban ahí. El sesgo judicial ha favorecido la aparición de empresas poco escrupulosas que han favorecido un negocio muy rentable. Es el caso de empresas de desokupación. Esto impide que las instancias de vivienda puedan gestionar las viviendas para asignarlas a las personas que las merecen. En Cataluña es posible quitar las viviendas a los fondos buitre, a bancos, etcétera, para que las Administraciones puedan dedicarlas a las personas vulnerables, pero las redes de emergencia están colapsadas y a menudo no se encuentran soluciones porque los inmuebles que se podrían adjudicar legalmente a familias con menos vulnerabilidad están ocupados ilegalmente por aquellos que no tienen ninguna prioridad según los propios criterios administrativos. La actual legislación, tanto penal como civil, ha demostrado su ineficacia y su lentitud para desokupar una vivienda ocupada ilegalmente. Por eso en Junts per Catalunya trabajamos para aportar soluciones. En enero de 2023 ya aprobamos en el Parlament una iniciativa legislativa que permite a los ayuntamientos catalanes autorizar la desokupación cuando la okupación altere la convivencia, el orden público o sea un riesgo para el edificio, pero eso no es suficiente. Para dar una solución definitiva, hay que modificar diferentes leyes que todavía competen a este hemiciclo.»

Fragmento 14 de 15 de esta intervención.