«La ciudadanía está un poco harta de que la derecha y la ultraderecha no hagan más que meter miedo con este tema cuando los datos no corroboran para nada esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan, conforme al ordenamiento jurídico vigente, de forma urgente en los casos de allanamiento de morada, desalojando las viviendas prácticamente de inmediato, y en los casos de usurpación de inmuebles; aunque en este caso, sí, la actuación está sujeta a orden judicial. El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para enfrentar la mal denominada ocupación ilegal de viviendas. No obstante, este marco jurídico es susceptible de mejora, teniendo en cuenta la preocupación social que se denota en determinadas zonas y siempre sin menoscabo, claro está, de la protección de los colectivos especialmente vulnerables. Protejamos el derecho a la propiedad privada, el derecho de los propietarios de inmuebles, pero protejamos también el derecho de acceso a la vivienda que consagra el artículo 47 de la Constitución española. Paso firme y contundente y legislación que incida en la solución. El mercado no funciona por sí mismo, y ya se demostró: en tiempos de la burbuja inmobiliaria, cuando se construían aquí, en España, más viviendas que en el resto de Europa, los precios estaban al mismo nivel que en la actualidad.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.