«La ocupación ilegal de viviendas es uno de los problemas más graves que sufren miles de familias en nuestro país, un problema que no solo afecta a propietarios, no, también afecta a los vecinos, a la convivencia y a la seguridad de nuestros barrios. Se trata de un problema que está generando una profunda preocupación en aquellas personas que ven como no se las está protegiendo, a aquellas personas que, con esfuerzo y sacrificio, han trabajado toda la vida para conseguir una vivienda, pero que se ven afectadas porque un okupa se ha instalado en su vivienda o en una vivienda de su comunidad o en su barrio con las consecuencias que conlleva. Hoy, en España, los okupas se creen que tienen más derechos que los vecinos; se sienten respaldados por las leyes que, lejos de proteger a las personas que han trabajado toda una vida y que siguen trabajando duro para poder vivir, parecen estar diseñadas para ampararlos. Y, así, actúan con total impunidad, porque tienen claro que la ley y la mayoría de los partidos políticos de la izquierda, como se ha visto, protegen más al okupa que al ciudadano que cumple la ley. Lo vemos cada día, los propios vecinos se tienen que organizar, jugándose su seguridad, para evitar que sus comunidades, los edificios de sus barrios sean okupados, porque conocen las consecuencias. Yo lo he vivido en primera persona, lo he visto este fin de semana en mi ciudad: comunidades de vecinos de todo el barrio protegiendo viviendas de okupas porque se sienten desprotegidos por las leyes y por el Gobierno de su país, desprotegidos por su Gobierno. (Aplausos). Afortunadamente, contaban con el apoyo del Gobierno municipal del Partido Popular. En ningún otro país de Europa sucede que unos okupas entren en una vivienda que no es suya y que pasen a tener más derechos que los vecinos y que los propietarios. Eso es inaceptable, pero el Gobierno no toma medidas.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.