«La proposición de ley que se presenta pretende luchar contra la persona física o empresa que gestiona la aplicación que informa de controles y operativos de vigilancia y modifica el real decreto firmado por el ministro Arenas en 2003. Durante años los controles de alcoholemia han salvado miles de vidas. Sin embargo, hoy, en plena era digital, la impunidad ha encontrado nuevos refugios: grupos organizados difunden la ubicación de los controles, permitiendo que quienes han bebido demasiado, quienes han consumido drogas, quienes ponen en peligro la vida de los demás esquiven la responsabilidad. Lo que debería ser una herramienta de prevención se ha convertido en un escudo para la imprudencia. Las cifras lo demuestran con una crudeza imposible de ignorar. Hasta hace unos años la franja de edad con más denuncias por alcoholemia era de 25 a 34 años. Hoy apenas aparecen en las estadísticas, pero no porque hayan dejado de beber: siguen siendo los que más mueren en las carreteras. La diferencia es que ya no son detectados. Cuando alguien difunde la ubicación de un control no está protegiendo a un amigo, sino facilitando que alguien ponga en riesgo la vida de otro. El 90 % de los conductores fallecidos el año pasado con resultados toxicológicos positivos era nombres.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.