«El desperdicio perjudica especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados, puesto que encarece el acceso a bienes de primera necesidad. Malgastar recursos naturales escasos aumenta los residuos y lastra la eficiencia del sector productivo y, también, su competitividad. Por lo tanto, luchar contra ese desperdicio es una obligación para todos los operadores de la cadena alimentaria y esta tarea debe implicar al conjunto de la sociedad. No podemos olvidar que el alimento más caro es el que se tira a la basura, así que debemos empezar a tener presente en nuestras mesas y aplicar el lema de que aquí no se tira nada, porque tirar cuesta dinero y cuesta recursos, ya que debemos tener en cuenta que, al desperdiciar alimentos, no solo tiramos comida, también tiramos los recursos económicos y naturales -tierra, agua, energía e insumos- necesarios para obtenerlos, así como el esfuerzo de quienes los producen. Señorías, no estamos en situación de desperdiciar nada. Reconducir el desperdicio alimentario debe ser un objetivo ético para el conjunto de la sociedad. La prevención y reducción del desperdicio alimentario, que es de lo que se ocupa esta ley que hoy debatimos, va a tener por primera vez -repito- una regulación por ley que contribuirá a la sostenibilidad y favorecerá la economía circular, gracias a una gestión más eficiente de los recursos. Para ello, antes de tirar un alimento, se establece un orden de prioridades para su destino: con preferencia, la alimentación humana -algo que quería eliminar el Partido Popular- sobre otros usos, como el animal o la transformación industrial. También se creará la obligación de reaprovechar todos los productos que se retiran del mercado, fomentando la donación. Por lo tanto, es necesaria la concienciación de todos los sectores de la sociedad para recuperar el valor de los alimentos que conforman también nuestro patrimonio gastronómico cultural español y para frenar el desperdicio de alimentos y su impacto sobre el medio ambiente.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.