«Señorías, el objetivo fundamental de este texto es dotarnos de mayor transparencia e integridad en las relaciones que los grupos de interés mantienen con el personal político de la Administración General del Estado y del sector público institucional. Las principales claves de la norma son las siguientes: define qué es un grupo de interés; explica cuáles son sus actividades de influencia; delimita el personal público susceptible de recibir dicha información; crea un registro público y obligatorio, como ya existe en Estados Unidos o en Europa, de los lobbies, cuya gestión corresponderá lógicamente a la Oficina de Conflicto de Intereses; establece un código de conducta para los grupos de interés en su relación con los altos cargos y con el personal público; incorpora, señorías, algo muy importante, la huella legislativa que regula la publicidad de los lobbies, sus aportaciones realizadas durante el proceso de elaboración de las normas; y fija un régimen sancionador aplicable en caso de incumplimiento de la ley. Esta iniciativa favorece a toda la sociedad, porque reparte responsabilidades tanto a la Administración como a los grupos de interés que se reúnen legítimamente con ella. Las relaciones institucionales, señorías, han existido y existirán antes y después de esta ley. Ocurre cuando la ONCE se reúne con el Gobierno para pedir mejoras en las políticas de discapacidad. Ocurre cuando cualquier sector, como el tecnológico, hace propuestas para mejorar proyectos de transformación digital, como los que están reindustrializando nuestra economía. Ocurre todo el tiempo, en todas partes y al mismo tiempo. La cuestión aquí es que esta ley da forma, por fin, a la participación de los lobbies en política. Y es que, no aprobar esta norma, significaría permanecer en el pasado. Como he dicho antes, Estados Unidos y la Unión Europea ya lo han regulado desde hace tiempo.»

Fragmento 3 de 6 de esta intervención.