«Segundo. ¡Claro!, se escandaliza usted de que pretendamos que se incluyan entre esos grupos que ejercen lobby a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que ustedes excluyen. Pues mire, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha postulado lo mismo; esa fundación que impugnó ante la Sala Tercera del Supremo el nombramiento de doña Magdalena Valerio. La Sala Tercera estimó legitimación y, por ello, fue declarado nulo el nombramiento de doña Magdalena Valerio como presidente del Consejo de Estado. Esa misma fundación también debe estar llena de fascistas, de extremistas, de personas antisistema, y no sé qué tonterías ha dicho usted más... No me acuerdo ya, porque, en fin... Otro elemento verdaderamente chocante en este proyecto es un registro y un régimen sancionador. ¿Un régimen sancionador habiendo Código Penal? ¿Por qué? ¿Por qué un régimen sancionador? Para otorgar una potestad administrativa sancionatoria a la autoridad ejecutiva. Es decir, un registro y una capacidad sancionadora en manos de la Administración pública, no de los jueces. ¡Claro!, usted me dirá: sí, luego sus resoluciones se podrán impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Claro, y lo que se puede hacer también es denunciar los delitos y querellarse contra delincuentes ante la jurisdicción, ante su órgano natural sancionador, que es el penal. Para eso está el Código Penal. (Aplausos).»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.