«Es cierto que hace unos meses se aprobó la ley de eficiencia en la justicia y también es cierto que es una ley muy extensa y compleja, que terminó aprobándose con prisas y presiones a las que una ley que pretende modernizar la justicia y hacerla más eficiente no debería haberse sometido jamás. Nosotros en una cuestión como la protección afectiva de las víctimas de violencia de género intentaremos evitar el argumento ad personam, intentaremos evitar presupuestos ideológicos e intentaremos evitar lógicas partidistas o de bloques. Por eso, nos regiremos por el contenido de la propuesta presentada: si es razonable o no, si su contenido es asumible, si es deseado, si es una solución a los problemas que se dan en la justicia en el día a día y, en definitiva, si aporta soluciones para obtener una justicia especializada y eficiente en materia de protección de la violencia de género. Pues bien, tenemos que decir que compartimos en buena parte la preocupación por el déficit de los juzgados especializados que manifiesta la propuesta y que este déficit dificulta la protección efectiva de las víctimas. También compartimos la preocupación por el incremento de la carga de trabajo que deriva de la ampliación del concepto de la violencia contra las mujeres y de la incorporación de delitos sexuales, que, efectivamente, pueden colapsar los juzgados de este tipo, ralentizar las sentencias y terminar en una desprotección de las víctimas. No queremos que las víctimas tengan la percepción de que la justicia no resuelve su problema. No queremos desincentivar la presentación de denuncias ni que se extienda una sensación de impunidad de los agresores. El Estado no puede dejar desprotegida a ninguna víctima, amparándose en la coherencia de la ley que se acaba de aprobar.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.