«Otra cosa que conviene aclarar a la ciudadanía es que su propuesta llega desfasada ya que, según confirmó el Consejo General del Poder Judicial, las pruebas de especialización que dicen querer impulsar ya están tramitadas. Los cursos de formación que mencionan también están en marcha. No podemos apoyar esta iniciativa que llega tarde a todo, basada en la hipocresía y que no aporta soluciones eficaces. Pero más allá de este debate, hay algo que debería unirnos a todas las fuerzas políticas: la lucha contra las violencias machistas. Estamos ante un problema gravísimo para nuestra sociedad. Las niñas de Alcàsser, 1992; Ana Orantes, 1997; Nevenka Fernández, 1999. La década de los noventa fue decisiva para poner sobre la mesa una ley que debía y debe afrontar y enfrentar un problema de Estado, y en 2004 se aprobó la ley integral contra la violencia de género. Mas de dieciséis años después, casos como el de Diana Quer en 2016 o los tres asesinatos en veinticuatro horas que se produjeron el pasado año y los continuos minutos de silencio con los que tenemos que iniciar los plenos no hacen más que contrastar que, además de una ley, hacen falta magistradas y magistrados especializados, recursos económicos suficientes y medios adecuados para que las víctimas se sientan protegidas y accedan realmente a la justicia. (Aplausos). Igual que tuvimos la necesidad de una ley específica, necesitamos recursos que no pongan en riesgo la vida de las mujeres, porque en este país no hacen falta leyes, señorías, lo que hacen falta son medios humanos para hacerlas efectivas: psicólogas forenses, unidades de valoración integral, equipos de asistencia, sistemas de protección eficaces y juzgados con capacidad real para gestionar la carga de trabajo actual.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.