«Esta proposición que presentamos hoy no es una cuestión menor. España no puede quedarse fuera del mercado europeo; no podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja; no podemos permitirnos sanciones millonarias, y, lo que es más importante, no podemos darles la espalda a las generaciones futuras. Señorías, no podemos. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos contra España por no haber adoptado estas normas. Esta inseguridad jurídica afecta a novecientas instalaciones industriales y energéticas, a treinta operadores aéreos, a seiscientas navieras y a mil empresas distribuidoras de combustible; todas estas empresas con miles y miles de trabajadores que están esperando esta ley. De verdad, señorías, ¿alguien puede estar a favor de ignorar todo esto? Pero es que además esta ley no solo cumple con Europa, promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero poniéndole precio al carbono emitido y, además, refuerza nuestra lucha contra el cambio climático. Entre las principales medidas -hay muchas, y ustedes las conocen- está la obligación de que industria y sector eléctrico reduzcan la emisión un 62 % antes de 2030; el impulso a tecnologías limpias -podrán beneficiarse de asignaciones gratuitas como, por ejemplo, el hidrógeno verde, de la que España es un referente y que necesita de estas normas para poder garantizar su avance-; la inclusión del transporte marítimo en el sistema de derechos de emisión desde enero de este año; la creación de un nuevo sistema de transporte por carretera y edificación, que arrancará en 2027; y, por supuesto, los fondos europeos del Fondo Social del Clima: más de 7000 millones de euros entre 2026 y 2032. Es de esto y de nada más de lo que va esta proposición de ley que queremos que hoy se tome en consideración. ¿De verdad que no hay razones suficientes para aprobar esta ley de una manera ágil y urgente? ¿Hay que interponer el cálculo político a estas cuestiones tan importantes?»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.