Júlia Boada DanésSumar
Diputada
«La trasposición de estas dos directivas debería acelerar la descarbonización de la economía, desplazando las inversiones en combustibles fósiles hacia tecnologías más limpias e innovadoras. También el mecanismo de ajuste en frontera del carbono nos permitirá poner precio al carbón en las importaciones, incentivando a la industria de fuera de la Unión Europea a adoptar medidas en la misma dirección. También mejoraremos las cargas administrativas de los sectores incluidos en el nuevo régimen de comercio. Las instalaciones de los operadores aéreos van a contribuir más en el sistema y se incluyen las emisiones del transporte marítimo, que ya era hora, pero la principal novedad es la incorporación del transporte por carretera y la edificación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. La inclusión, de hecho, del transporte y los edificios puede tener un claro impacto en los hogares más vulnerables, las pymes y las personas que viven en zonas rurales y remotas sin acceso al transporte público. Por este motivo es urgente el desarrollo del Fondo Social para el Clima, para proteger a los sectores de la población más vulnerables, que son los que más sufrirán los costes de la transición ecológica si no se articula un reparto justo entre costes y beneficios. Este nuevo régimen también incluye el principio de 'quien contamina paga' y aumenta los ingresos para esta transición verde y justa.»
Fragmento 3 de 4 de esta intervención.