«Esta redefinición del marco general de la cartera de prestaciones no se puede hacer si no hay una transferencia de recursos a las comunidades autónomas. Y hoy todo el mundo va a votar a favor o se va a abstener, pero la propuesta, sin duda, va a salir adelante. A mí en este punto me gustaría compartir con ustedes una reflexión. Hemos visto demasiadas veces cómo los partidos del Gobierno toman en consideración las iniciativas de los parlamentos autonómicos o, incluso, las nacidas de la voluntad popular -las ILP famosas-, que luego se quedan, al final, en un cajón, durmiendo ese sueño bíblico de los justos. Así que, quizás, deberíamos acabar convirtiendo lo que se pide en esta iniciativa en una enmienda para presentarla en alguna de las leyes que presente el Ministerio de Sanidad, para asegurarnos de que esto sea una realidad. Cubrir el gasto de las gafas de la población que lo necesita es muy caro y por eso necesitamos que el Gobierno se comprometa por ley, pero solo el visto bueno del Congreso no es una garantía de que las personas que necesiten esa prestación la vayan a recibir. Fíjense en lo que está pasando, por ejemplo, con la aplicación de la ley ELA. Tiñó de verde este hemiciclo, arrancó el compromiso del Gobierno, prácticamente cinco meses después, y tras preguntar al Gobierno español cómo va a garantizar los recursos necesarios para la aplicación de esa ley -lo han hecho, por descontado, las asociaciones- les voy a contar cuál es la situación. Lo que tenía que ser una transferencia extraordinaria a las comunidades autónomas para cubrir los gastos de asistencia especializada de 24 horas a los enfermos en riesgo de muerte evitable se convirtió, primero, en un plan de choque de decenas de millones de euros a transferir directamente a las asociaciones, no a las comunidades autónomas, y, después, en una prueba piloto con la cuarta parte de los recursos que, clarísimamente, no llega ni de lejos a atender las necesidades de los enfermos en situación crítica en el Estado. Una vez más, a partir de un modelo centralizado que escurre la vía administrativa competencial. Por lo tanto, lo que deben hacer las comunidades autónomas para evitar esta situación es pedir urgentemente los recursos, el dinero que les hace falta desde sus consejerías de Derechos Sociales, para dar asistencia a las personas que lo necesiten y dignificar su vida y la de sus familias, que es lo que pretendía la ley ELA que se aprobó aquí por unanimidad, con el voto favorable de todos.»

Fragmento 6 de 7 de esta intervención.